La Diputación de Sevilla repartía sus ayudas saltándose hasta sus normas

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  • Un juez anula la concesión de subvenciones para organizaciones de consumidores de 2015

 

La Diputación de Sevilla, que preside el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, concedió sus subvenciones para organizaciones de consumidores de forma arbitraria, sin justificación y contrariamente a la legislación vigente. Ésa es la conclusión a la que ha llegado el juez de lo Contencioso 9 de Sevilla, Francisco Pleite, que ha anulado la resolución por la que el organismo repartió 54.000 euros el pasado mes de marzo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado reprocha a la Diputación sevillana que el reparto de subvenciones adolezca de motivación legal y contradiga lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

Dice el juez que la resolución por la que otorgan las ayudas «no realiza valoración alguna, ni se ha realizado algún tipo de puntuación sobre los programas presentados» y eso, añade la resolución, incumple «claramente» las bases de la propia convocatoria, el reglamento para concesión de subvenciones de la Diputación y, además, la Ley de Subvenciones.

Lo único que hizo el equipo de gobierno socialista que preside Rodríguez Villalobos fue dividir la partida presupuestaria entre los municipios afectados y, a su vez, entre las tres organizaciones de consumidores que concurrían a la convocatoria, «sin valorar los programas presentados ni las cuantías».

La sentencia da la razón a la organización de consumidores Facua, que fue la que denunció las irregularidades en las ayudas para el establecimiento de puntos de información al consumidor.

Señalaba Facua en su denuncia que la Diputación de Sevilla había resuelto las subvenciones sin motivar, sin tener en cuenta los criterios que establecen sus bases y sin que los solicitantes sepan cómo ejecutarlas, dado que las cuantías distribuidas diferían completamente de las propuestas planteadas.

Facua argumentaba asimismo que la adjudicación de esas subvenciones se limitaba a dividir el monto total entre los municipios correspondientes, y éstos entre las tres organizaciones de consumidores concurrentes, «sin valorar los programas presentados, tal y como establecen las bases de la propia convocatoria», y considera que se trata de una «situación grave de irregularidad e ilegalidad administrativa».

La resolución ahora anulada se firmó el 30 de octubre de 2015 y Facua, antes de acudir a los tribunales, comunicó sus sospechas a Rodríguez Villalobos sin obtener respuesta alguna.

 

 

EL MUNDO

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