La Junta descontrola los fondos FSE y FEDER

 

  • Si la UE tuviera conocimiento de todos los incumplimientos cometidos por la Junta, Andalucía dejaría de percibir los fondos europeos estructurales (FEDER y FSE).
  • La empresa privada contratada para verificar dichos fondos está presidida por una persona cercana a Chaves y Griñán, y con polémicas en el pasado.

 

En mi artículo publicado el pasado jueves en este mismo diario, denunciaba que la verificación de expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en materia de empleo con fondos europeos (FSE), función que corresponde a la Dirección General de Fondos Europeos, las realizó una empresa privada contratada en 2009 (Nº expediente FE.07/08) por casi 9,5 millones de euros.

Dicha empresa, que se denomina Red2Red Consultores, SL, la preside Juan Ramón García Moreno. Según su curriculum, había sido Subdirector General del INEM y Director General de FORCEM (Fundación para la Formación Profesional Continua, conocida hoy como Fundación Tripartita).

Por Orden de 6 de abril de 1988 del entonces Ministro de Trabajo, Manuel Chaves, se aprobó el nombramiento de don Juan Ramón García Moreno (funcionario de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos) como Subdirector General de Promoción de Empleo del INEM. Fue cesado por el sucesor de Chaves, Luis Martínez Noval, por Orden de 23 de mayo de 1991, a petición propia.

El mismo Ministro lo nombra Subdirector General de Gestión de Formación Ocupacional, por Orden de 24 de junio de 1991, siendo cesado por José Antonio Griñán por Orden de 30 de julio de 1993.

El 6 de febrero de 1995 cesó en sus funciones como Director Técnico de FORCEM, por lo que se entiende que desarrolló su labor en esta Fundación después de su último cese en el INEM.

Los Presidentes de FORCEM en esa época fueron:

  1. José Manzanares Núñez, en representación de UGT (1993).
  2. José de la Cavada Hoyo, en representación de CEOE (1994).

Dña. Julia Frías Gómez, en representación de CC.OO (1995).

Es evidente que no es casual que la Junta de Andalucía contratara a la empresa Red2Red para verificar el cumplimiento de la normativa en los expedientes cofinanciados con fondos europeos (FSE), y que las buenas relaciones del Presidente de la empresa, Juan Ramón García Moreno, con el PSOE vienen desde los años en los que desempeñó puestos en el INEM como Subdirector General en laépoca de Chaves y Griñán como ministros.

Por cierto, el paso de Juan Ramón García Moreno por el INEM y FORCEM no estuvo exento de polémica, y al menos dos casos se hicieron públicos en los medios de comunicación durante aquellos años.

El primer caso conocido, publicado por el diario ABC, fue la denuncia presentada en el Juzgado de Guardia por Ricardo Cobelo, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, el 8 de marzo de 1993, contra Narciso Sánchez Romero, Secretario Provincial del INEM de Sevilla, yJuan Ramón García Moreno, entonces Subdirector General de Gestión de la Formación Ocupacional del INEM. En dicha denuncia se les acusaba de presunta prevaricación en la concesión de subvenciones por 90 millones de pesetas a la fundación Forja XXI, presidida en aquellos años porDiego García, ex responsable de Recursos Humanos de Expo 92, para impartir cursos de formación ocupacional a 390 trabajadores en paro. Dicha fundación se encuentra actualmente bajo investigación judicial por el presunto desvío de fondos para la formación de trabajadores de Delphi en Cádiz, entre otros motivos.

Según denunciaba UGT, Forja XXI no cumplía los requisitos para recibir subvenciones públicas con el fin de impartir cursos formativos para desempleados, que Narciso Sánchez Romero envió a Juan Ramón García la solicitud de Forja XXI sin indicar las características del plan formativo que pretendía impartir y sin detallar exactamente qué personalidad jurídica tenía la fundación. Asimismo, denunciaba UGT que “la fundación no sólo no estaba constituida formalmente a principios de 1993, sino que siempre se identificaba como Expo 92 en la documentación remitida al INEM”; además, que el centro de Forja XXI no estaba homologado como centro colaborador del INEM, y que los planes formativos sólo se podían otorgar a empresas y organizaciones sindicales y empresariales, lo que no era el caso de Forja XXI. Asimismo añadía que los cursos de Forja XXI fueron solicitados en abril de 1992, cuando una resolución de la Dirección General del INEM establecía que el último día de recepción de peticiones de subvenciones para planes formativos expiraba el 30 de octubre de 1991. El sindicato puso especial énfasis en las irregularidades detectadas en los cursos de Forja XXI, que al parecer fueron reconocidas en informes internos del INEM. Los cursos de Forja XXI tampoco se iniciaron antes de la fecha límite del 10 de noviembre de 1992. Por último, UGT insistió mucho en el incumplimiento por parte de Forja XXI del compromiso de contratar a parte de sus alumnos una vez que finalizaron los cursos.

El segundo caso se originó a raíz de un Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la actividad de FORCEM en el periodo 1993-1995. Según publicó el diario El País en 1999, el informe que el citado Tribunal aprobó en 1998 relataba que el 15 de abril de 1995 FORCEM pagó 12,121 millones de pesetas a los antiguos responsables de la Dirección Técnica, Juan Ramón García Moreno, y de la División Económica, Juan Aycart Andrés, citados por sus cargos (6 millones cada uno).

Por encima de Aycart y de García Moreno sólo estaba el Patronato de la fundación, creada en agosto de 1993 y gobernada por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC OO. FORCEM administró entre los años 1993 y 1995, periodo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, un total de 116.000 millones de pesetas.

Según la noticia, el informe del Tribunal decía que “estas dos personas …. cesaron en sus funciones con fecha 6-2-1995, momento en que se produjo su dimisión, extremo que se ve confirmado en los partes de baja de la Seguridad Social, en los que aparece como causa de la misma la expresión “voluntaria”. “Esta indemnización”, precisaba a continuación, “no estaba pactada en los correspondientes contratos, donde sí se establece que la indemnización para el trabajador será, en caso de desistimiento de la Fundación, de un año de la retribución por todos los conceptos y, en caso de despido declarado improcedente, de dos mensualidades por año de servicio”. El citado Tribunal concluyó que “FORCEM opta por una solución cuyo coste carece de amparo contractual alguno, al no estar prevista indemnización por dimisión del trabajador, es decir, por resolución del contrato a instancia del trabajador, por lo que esta aplicación de fondos realizada por la Fundación carece de justificación alguna” (páginas 24, 57, 58 y 59 del Informe).

Por otro lado, es bien fácil demostrar que los trabajadores de la empresa que preside Juan Ramón García Moreno, Red2Red, han efectuado trabajos de verificación de expedientes administrativos de la Junta de Andalucía que el ordenamiento jurídico no les permite. Es doctrina pacífica de los tribunales de justicia, porque así lo establece el ordenamiento jurídico, que actividades como la actividad subvencionadora (incluidas la inspección, comprobación de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad para la que se hubiese concedido la subvención, así como el reintegro de las mismas), control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, contratación administrativa (incluido la interpretación, modificación y resolución de contratos), evaluación, control, comprobación de cumplimiento de normas legales y reglamentarias, vigilancia e inspección, y otras muchas más, son, en palabras del TSJA, “de naturaleza indudablemente administrativa”. Todas ellas necesitan ser ejercidas con la participación de funcionarios.

Según la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, la denominación del contrato que se adjudicó a Red2Red Consultores era “Servicios a la Dirección General de Fondos Europeos para la realización de tareas de apoyo en la verificación de las operaciones cofinanciadas con los programas operativos del FEDER y el FSE 2007-2013 en la Junta de Andalucía”. Sin embargo, al leer el pliego de prescripciones técnicas del contrato, se comprueba en el apartado 3, “Contenido de los trabajos”, que no es así, y que la Junta de Andalucía llegó más lejos de lo que permitía la Ley:

“3.- CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

El contenido de los trabajos a realizar para el presente contrato consistirá en la prestación de apoyo técnico a la Dirección General de Fondos Europeos en el desempeño de las atribuciones que le corresponden en materia de verificación de las operaciones enmarcadas en los Programas cofinanciados con los Fondos Estructurales en el periodo 2007-2013.

En particular, los trabajos estarán en todo momento enfocados al fin previsto en el art. 13 del Reglamento 1828/2006 de la Comisión….

Para ello, a través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales.”

Por tanto, es evidente que la empresa ha efectuado trabajos usurpando funciones a los funcionarios de la Junta de Andalucía, y con el beneplácito de los responsables de la Consejería de Economía y Conocimiento (luego Economía, Innovación y Ciencia), que fue la que adjudicó el contrato, y de todos los que hayan participado en esta nueva aberración. El título del contrato no es más que otro engaño de tantos, pues realmente no son “tareas de apoyo”, sino un claro ejercicio de potestades administrativas.

Este incumplimiento del ordenamiento jurídico invalida las verificaciones efectuadas por la Junta de Andalucía de los fondos europeos. ¿Tiene conocimiento la UE de este incumplimiento de la normativa interna del Estado español? ¿Quién responderá de nuevos bloqueos por la UE de dichos fondos?

Este incumplimiento afecta igualmente a las verificaciones de los expedientes de subvenciones para cursos de formación para el empleo, que están sometidos a investigación en el Parlamento y en los Juzgados. ¿Pedirá alguien explicaciones, o todo quedará en el olvido? ¿Actuará la Fiscalía de oficio, o hay que esperar a que la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional “le presenten las denuncias en su mesa” a la Sra. Fiscal Jefe de Sevilla, María José Segarra, tal como me respondió a una pregunta que le realicé en unas Jornadas de índole jurídica? Así no, Sra. Segarra, así no se puede luchar contra la corrupción.

Cosas de Andalucía, la Cosa Nostra.

 

LUIS ESCRIBANO

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